Perón, Exilio y Negociados Eléctricos.

Estándar

El siguiente es un artículo que redacté en base a ciertos puntos del texto Electricidad: entre negociados y corrupción, escrito por Víctor García Costa y publicado en la revista Todo es Historia Nº 447 en octubre de 2004.

Logo de la CHADE en un "medidor".

Logo de la CHADE en un “medidor”.

Corría la década del 30, más precisamente se atravesaba su mitad. En Europa se consolidaban los regímenes autoritarios, encaminándose a un enfrentamiento bélico para repartirse el mundo y en Argentina dos compañías privadas, CADE y CIADE, obtenían la concesión para explotar la energía eléctrica en la capital del país. Esto fue en 1936 y por medios bastante oscuros. Tal vez Discepolo no se equivocó al cantar en Cabalache: “Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé… ¡En el quinientos seis y en el dos mil también!. ”

Y así se da el primer paso para lo que que sucederá en años posteriores y que será el tema de esta publicación de Por La Vereda.

La reforma del 49

La Convención Constituyente de 1949 agregó en nuestra carta magna el artículo 40 que decía lo siguiente:

“Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.

Con este párrafo la Compañía Americana de Electricidad (CADE) y la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIADE) deberían haber perdido su monopolio -y lo contamos en tiempos de leyes antimonopólicas…- en el control de la energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires. Monopolio que obtuvieron por medio de las históricas ordenanzas 8.028 y 8.029. Pero nada de eso sucedió. A pesar de lo citado en el primer párrafo y del “Informe Roríguez Conde”, CADE y CIADE siguieron siguieron con los sucios negociados.

En Informe Rodríguez Conde

El Coronel Matías Rodriguez Conde presidió la comisión que en 1944 se encargó de investigar el caso de corrupción de las compañías Americana e Ítalo-Argentina de Electricidad.La Comisión entrevistó a la mayor parte de los involucrados y obtuvo documentación crucial para develar los mecanismos internos de la corrupción, como el intercambio telegráfico interno de las empresas.El informe revela los mecanismos monopólicos de las empresas, así como maniobras delictivas intencionalmente orientadas a aumentar las tarifas eléctricas más allá de lo permitido. También analiza detalladamente las decisiones tecnológicas adoptadas por las concesionarias, que en muchos casos aumentaron el riesgo corrido por los usuarios. Finalmente el informe deja al descubierto los sobornos percibidos por distintos funcionarios.El Informe Rodríguez Conde incluye también una recomendación al presidente, que incluye la sanción de dos decretos para retirar la personería jurídica a la CADE y a la Ítalo, anulando las prórrogas de las concesiones y reduciendo las tarifas.Sin embargo el informe no fue publicado hasta 1956.

Defendiendo a la CHADE desde el exilio

Perón, en 1956, desde su exilio, escribió un libro titulado La fuerza es el derecho de las bestias. En él dice:

“Durante el último gobierno radical funcionaba en Concejo Deliberante algo así como un congreso comunal, compuesto por un centenar de concejales -esto es un error, en realidad eran 29- que, con sabrosas dietas, se dedicaba a todo, desde enjuiciar la política internacional hasta establecer la cantidad de repollo que debía venderse en las ferias”.

Continuaba diciendo:

“Estos ediles ‘libertadores’ no encontraron más natural que ponerse de acuerdo y exigir a la empresa una gruesa suma de millones para no caducarle la concesión. Esa suma se repartiría después,por partes iguales, entre todos. La compañía colocada entre la espada y la pared, decidió entregar la suma exigida y consiguió así una concesión hasta el año 2000 y tarifas extendidas”.

Y más adelante:

“Esto produjo en Buenos Aires un escándalo tremendo, pero al producirse la revolución del 4 de junio de 1943, se ordenó una investigación y se pretendió sancionar a la empresa por corruptora de funcionarios pero la empresa pudo comprobar que los corruptos eran los funcionarios y no la empresa”.

La pregunta que aquí nos deberíamos plantear es la siguiente: “Si la revolución de 1943 terminó con el escándalo de las CADE y CIADE y si esto se institucionalizó en democracia mediante la constitución de 1949. ¿Por qué siguieron con sus negocios?”.
En su artículo “Electricidad: entre negociados y corrupción”, Víctor García Costa, refuta al fundador del peronismo citando al ex-funcionario justicialista Jorge del Río, quien en su texto Electricidad y liberación nacional redactó:

Elegido el gobierno constitucional presidido por Perón, fue fácil observar que la CADE y demás monopolios eléctricos, conquistaban un trato cada vez más cordial. Ya la influencia de Perón, como ministro de Guerra y de Trabajo del gobierno provisional que presidiera el general Farrel, evitó que tomaran las medidas aconsejadas por Rodríguez Conde y siguieron usufructuando de los provechos que les producían las ordenanzas dolosas 8.028 y 8.029, como si nada hubiera pasado. Lo mismo ocurrió con las empresas del grupo ANSEC -una subsidiaria de Electric Bond and Share Co (EBASCO), vinculada a la Banca Morgan de Estados Unidos-”.

En el mismo escrito decía:

“La simpatía de Perón por la CIADE parece perdurar después de su exilio; ya que en su libro La fuerza es el derecho de las bestias habla en términos que emplea el Capitán Álvaro Alsogaray como un simple cohecho en el que las empresas fueron víctimas de los apremios de los concejales que la extorsionaron para darles ordenanzas”.

Podemos concluir diciendo que uno de los puntos tristes y desesperanzadores de todo esto es la historia del informe Rodriguez Conde: fue redactado y difundido en gobiernos de facto, “cajoneado” por uno democrático.

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